“El costo de la no intervención”

El Intendente colorado Albino Ferrer, hasta hoy sufre uno de los mayores cuestionamientos de toda su administración, cual es el famoso caso de los Gs. 12.500 millones –correspondiente al ejercicio fiscal 2008 de enero a agosto– que no ha justificado su uso según la Contraloría General de la República (CGR) –sobre el cual la oposición insiste permanentemente– pero de acuerdo a sus representantes legales, el ya cuenta con un sobreseimiento definitivo. 

Está controvertida situación no tardo para que pase a un estadio eminentemente político. En vista a que la intendencia no  proveyó suficientemente los antecedentes a la Cámara de Diputados –empero, según los oficialistas, se hallaban en poder del Ministerio Publico–. El jueves 15 de julio de 2012, tras un largo debate sobre el sobreseimiento definitivo de la cuestionada Blanca Aquino a Albino Ferrer, en la investigación “malversación de fondos”, los diputados decidieron rechazar la intervención de la Municipalidad local.

Es bueno recordar que el equipo político como jurídico operaba en aquel entonces intensamente para que la intervención sea rechazada. 

Mientras tanto el resto discutíamos la conveniencia o no de la intervención. En principio nuestra posición y hasta el día “de”, fue que la CGR intervenga al Ejecutivo, primero, por una cuestión de transparencia institucional, la segunda, para salir de todas las dudas al margen de lo que la Justicia ha resuelto. 

Ahora, es preciso señalar que también sigue nuestros cuestionamientos hacia algunos políticos que miran este tipo de situación como una mera oportunidad de sobresalir en el campo político. Por supuesto que los intereses coinciden plenamente desde el punto de vista de la importancia de la intervención o para lo que haya lugar. Pero no de las medias verdades; puesto que existían algunos dirigentes que no argumentaban suficientemente sus respectivas posiciones en un momento confuso. Por su parte, el Frente Anticorrupción integrado por varios partidos políticos y organizaciones sociales –pero que solo luchan unos pocos, lastimosamente– en esté caso,  pensábamos que la información en el proceso de una intervención era –y sigue siendo– vital. En efecto, por mucho tiempo los integrantes mostraban insinuaciones y no vínculos concretos del cual el Intendente era acusado, es decir no han expuesto documentos como lo deberían de hacer, cuando que la Ley facilita el acceso a la información, articulo 28 de nuestra Constitución Nacional. Si bien el Dr. Melitón Bittar (PLRA),  –uno de los pocos– ha hecho aparentemente esfuerzos por documentarse, no fue suficiente.

Sin dudas, un error político estratégico que raya un espacio muy importante para la ciudadanía. Era de esperarse que el grupo agote todas las instancias de información, ejemplo: Si el “Frente” hubiese manejado correctamente, solicitarían informes al Ministerio Público considerando que los documentos no fueron a la contraloría, posteriormente analizarlos, debatirlos, tomar una conclusión y comunicar a la sociedad, contrariamente si no fuesen respondidos, avisar de los hechos. 

Hoy más allá de esas diferencias, el costo de la “no intervención” es reflejado en los continuos y justificados escraches. Dos de los numerosos ejemplos son. La incidentada inauguración  del mercado Florida y la querella de Ferrer contra el dirigente liberal, Dr. Melitón Bittar. Además, indiscutiblemente será uno de los tantos temas que se volverán a tratar, considerando las fuertes especulaciones que giran entorno a una posible reelección de Albino Ferrer.   

La equivocada decisión del oficialismo de no permitir la intervención en su momento, será siempre un "caldo de cultivo" para la oposición y una duda para aquellos que entendíamos que la intervención era necesaria.