Transportistas de buses internos sostienen que concejales no pueden ser "parte y juez"

Pedro Martínez, representante de un importante grupo de transportistas, preocupado, indicó que dos concejales estarían en el negocio del transporte interno público; dijo que no deberían ser "parte y juez", por lo que resaltó que no tienen garantías. Los empresarios exigen a los ediles tratar una nota de reconsideración sobre un conflicto entre directivos de la Línea 9, Lucerito Tour.

Martínez advirtió que si los ediles no tratan el pedido de reconsideración irán a un paro.

Los concejales Alfredo Lezcano y Carlos Ferreira estarían vinculados en el negocio de buses internos, el primero sería propietario de la Línea 1, mientras que el segundo de la Línea 10.

"Yo sostengo eso porque (Carlos Ferreira) me había mencionado en un momento que él había adquirido dicha empresa, y el Interbus es porque el hermano del concejal Alfredo Lezcano es el representante, Edelberto Lezcano, vicepresidente de la Liga Sanlorenzana de Fútbol", indicó Pedro Martínez, presidente de la Asociación de Transportistas Internos.

Ante esta situación, expresó que no tienen garantías. Resaltó que los concejales no pueden ser "parte y juez".

Exigen a concejales que se expidan sobre una nota de reconsideración

Un sector importante del transporte interno de pasajeros exigen a los concejales tratar una nota de reconsideración sobre un conflicto entre directivos de la Línea 9, Lucerito Tour, que finalmente fue cancelado por los concejales: la línea, la habilitación y su respectivo itinerario; debido a que la nueva empresa Lucerito Alba solicitó el cambio de denominación y la razón social. Los ediles consideraron el cambio atendiendo a que la empresa cancelada se encuentra intervenida y bajo administración judicial existiendo una medida cautelar; sin embargo a criterio de los empresarios, la misma resulta irregular, puesto que tendrían que comprar la sociedad para solicitar la mencionada designación, además de, que la inexistencia de inventarios, libros contables y otros, no deberían ser sancionados por la municipalidad, más bien por el Ministerio de Hacienda. Por otro lado la nueva empresa no reuniría los requisitos legales para su habilitación. 

Los afectados vienen insistiendo desde hace casi un mes con el pedido de modo a que puedan tomar las acciones legales que sean necesarias.

Asimismo tampoco descartan que se trate de una persecución política, en otros casos por intereses creados. 

No obstante los concejales aseguraron a los transportistas que mañana se expedirán formalmente sobre el asunto; de no tratarse, los empresarios anunciaron que irán a un paro general.

Estuvieron la semana pasada por la Junta Municipal. Escuchá: