Que no quede en el “oparei”

[Editorial] El intendente Alcibíades Quiñones no debe dudar en denunciar al exintendente Albino Ferrer  por las irregularidades denunciadas y que sirvieron de sustento para el pedido de intervención, además de, si cabe, el resultado del corte administrativo. Si bien desistió de la acción de inconstitucionalidad contra la Contraloría, no resulta convencible tan limitada acción. Cabe recordar que el intendente dijo tras su juramento que “se va a seguir íntegramente las denuncias”. Es de desear que este indignante caso no quede en el famoso “oparei”.



El intendente Alcibíades Quiñones no debe dudar en denunciar al exintendente Albino Ferrer por las irregularidades denunciadas y que sirvieron de sustento para el pedido de intervención de la municipalidad, unas 16 causales; además de, si cabe, el resultado del corte administrativo.

Es oportuno recordar que entre las causales se destacan el pago indebido de los fondos del Fonacide de supuestas reparaciones en escuelas; falta de fiscalización de la obra por parte de la municipalidad en la calle Cnel. Panchito López, barrio Tayazuapé: se ordenó el pago total del contrato antes de realizar la recepción provisoria; incumplimiento de contrato por falta de fiscalización en la reparación de la planta baja del Palacete Municipal; denuncias en la Fiscalía por presuntos hechos punibles originados por mal desempeño de funciones como intendente: por mala utilización del Fonacide y por enriquecimiento ilícito.   

Si bien el intendente Quiñones desistió de la acción de inconstitucionalidad contra la Contraloría General de la República (CGR), que fue promovido por el exintendente Ferrer, no resulta convencible tan limitada acción, sobre todo porque el contralor general, Enrique García, ha perdido toda autoridad moral para ejercer su respectiva función. Fue acusado por la Cámara Baja, en marzo de 2018, por mal desempeño de funciones y por los delitos de producción de documentos de contenido falso. Por si fuera poco, está siendo investigado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con base a un informe de la Seprelad.

A esta cuestión también deben de sumarse los concejales, quienes colaboraron íntegramente para lo que todo indica que será un blanqueamiento, salvo los concejales Carlos Ferreira y Silvia Mendieta, quienes solicitaron aquel caldeado 20 de febrero la intervención, que era uno de los caminos más cercanos hacia el esclarecimiento; pues de lo contrario, terminarían siendo cómplices. No se puede pensar de otra manera.

Cabe recordar que el intendente dijo tras su juramento que “se va a seguir íntegramente las denuncias”.

Por lo ante anunciado, desde este espacio no queremos precipitarnos a nada, no obstante, entendemos que si existe “voluntad política” la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público no conllevaría inconveniente alguno.

Pero si es verdad que el “pacto político” entre el exintendente, el actual y los concejales fue solo al efecto de blanquear al primero y así también aprovechar la estructura del poder, si habrá problemas.

Es de desear que este indignante caso no quede en el famoso “oparei”.

La ciudadanía organizada debe estar vigilante para reclamar o expresar repudio si así lo amerita.