La propuesta de intervención a la Municipalidad de San Lorenzo, presentado por el concejal Federico Franco, no prosperó, ya que no se contó con los votos necesarios para su aprobación. El intendente Alcibíades Quiñonez está sospechado por lesión de confianza, asociación criminal y estafa en los casos “caseta y plazas de oro”.
A pesar de la contundencia en los argumentos a favor del pedido de intervención de la Contraloría a la Municipalidad, en medio de un ambiente tenso, se decidió por 7 votos a 5 enviar al archivo la solicitud.
El pedido fue presentado por el concejal Federico Franco (PLRA), quien contó con el apoyo de sus colegas Nelson Peralta (ANR), Carlos Ferreira (ANR), Nery Quiñonez (ANR) y Silvia Mendieta (Independiente).
En la solicitud de intervención se presentaron dos argumentos. El primero “por las graves irregularidades detectadas” en los procesos de licitación, en este caso contratación directa, para la construcción de una caseta para guardias de seguridad frente al palacete municipal, por un moto de G. 108.836.600. De acuerdo a un peritaje, se ha arribado a la conclusión que la obra solo puede llegar al costo máximo de G. 60.000.000, habiendo un sobre costo de más de G. 48.000.000.
Mientras que el segundo, sobre obras de mejoramiento en 14 plazas por un costo de G. 1.458.009.072, sin embargo, también conforme a una pericia privada y luego de que algunos concejales se hayan constituido en varias plazas, se han detectado numerosas deficiencias tanto en la ejecución parcial como total de las obras, arrojando una diferencia de G. 590.306.812.
Si bien los defensores del intendente Quiñonez tuvieron una floja contraposición, obtuvieron mayoría. En ese sentido, votaron por el rechazo “Lilo” Domínguez (ANR), Hugo Lezcano (ANR), Pedro Martínez (ANR), Osvaldo Gómez (PLRA), Ovidio Ortiz (PLRA), Dorotea Villareal (PLRA) y Alfredo Lezcano (PRF).
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