[Editorial] Acertadamente, la Junta Municipal mantuvo durante estas semanas una oportuna postura contra la empresa Glo y Mar (GM), firma a la que fue otorgado el control y cobro por el estacionamiento en la ciudad, y que fue apañado por el Ejecutivo Municipal su irregular continuidad, pese a que el Intendente prometió corregir todo lo que está mal de su gobierno. Lamentablemente la Intendencia permitió por mucho tiempo el abuso de esta empresa. Por razones institucionales y de sentido común, la presidencia de la Junta Municipal debe concretar la idea de remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público, tal como lo anunció; es más, debe exigir transparencia.
Acertadamente, la Junta Municipal mantuvo durante estas semanas una oportuna postura contra la empresa Glo y Mar (GM), firma a la que fue otorgado el control y cobro por el estacionamiento en la ciudad. En tal sentido, los concejales han hecho lo propio con el caso, reiterando al Ejecutivo Municipal que suspenda el servicio, además de colacionar a la firma por su desentendimiento del contrato, acuerdo terminado el pasado marzo, de la misma manera resolvió remitir los antecedentes del asunto al Ministerio Público.
Muy a pesar del fenecimiento del contrato, la Intendencia apaño lamentablemente a GM, permitiendo que este siga interviniendo irregularmente, incluso habiendo denuncias de abusos, pero eso no importó.
De hecho, la atrevida empresa solicitó a destiempo el pasado 31 de mayo a la Intendencia una prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de este año, con el pretexto de que a la fecha aún se encuentran con contratos de prestación de “estacionamientos reservados” con varios clientes, por consiguiente a la Junta Municipal. Sin embargo este último rechazó el pedido, debido a que el contrato prescribió, así como su reconsideración formulada el ocho del presente mes y que fuera nuevamente rechazada.
Ante estos hechos, cuesta creer que el Intendente Albino Ferrer quiera hacer bien las cosas en este nuevo periodo, tal como lo prometió, de corregir en el menor tiempo posible todo lo que está mal de su gobierno, para finalmente salir por la puerta de adelante; y mucho menos que no esté informado de lo que ocurre.
En efecto, esta situación da a pensar que la empresa esta apadrinada por algún politicastro, que no quiere soltar el “fato”, y fuerza con sus “haberes políticos” en desmedro de la institucionalidad municipal, una completa vergüenza.
Por razones institucionales y de sentido común, la presidencia de la Junta Municipal debe concretar la idea de remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público; es más, debe exigir transparencia al Intendente, ejemplo, es necesario saber en qué se invirtió el 20% de las recaudaciones que corresponden a la Municipalidad, según Resolución 43/2013.
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