La Fiscalía local debe tener presente que tiene toda la atención de los sanlorenzanos

[Editorial] A medida que pasa el tiempo es muy notoria la proactiva y articulada acción de algunas organizaciones de la sociedad civil, denunciando hechos de corrupción, cuestionando insignificantes avances en las investigaciones como el caso Fonacide 2015, que compromete a la administración del intendente Albino Ferrer. Está visto que los sanlorenzanos de bien ya no callarán ante procesos poco transparentes y desinteresados. Por esta razón, la Fiscalía local debe tener presente que tiene toda la atención de los sanlorenzanos.


El pasado lunes 30 de abril del corriente la organización “Che Kuerái” denunció al intendente Albino Ferrer por un presunto hecho de estafa y lesión de confianza. Detalla la denuncia que según un inventario de bienes y usos del año 2016, el Ejecutivo Municipal supuestamente adquirió 247 contenedores que tendrían que estar en la mataderia municipal, pero que de acuerdo a las investigaciones hechas por la mencionada organización, no se registró en el lugar tal cantidad. Resaltaron que resulta imposible que dicha cantidad quepa.

Mientras que el viernes último, la organización “Defensores de San Lorenzo” apoyados por 1.288 firmas, presentó a la Fiscalía local unos documentos que facilitarían la investigación respecto a un caso de uso indebido del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por G. 8.485 millones, en el año 2013 y denunciado en el año 2015. 

Cabe recordar que el caso estuvo sin avanzar por mucho tiempo en manos de la cuestionada fiscal Viviana Riveros, quien informó que la carpeta fiscal se encuentra en la Fiscalía General del Estado.

Lamentablemente tal como lo recordamos, la fiscal Riveros no ha avanzado en la investigación a diferencia de casos similares en donde en otras municipalidades como la de Santa Elena, el Ministerio Público ha procedido a la detención y prisión preventiva del intendente.

Es precisamente este caso, “Defensores de San Lorenzo” ha acercado una copia de imputación y orden de captura del intendente de Santa Elena por una causa similar, de modo a colaborar en el proceso.

A juzgar por los hechos, es muy notoria la obsecuencia de la fiscal, por lo que las sospechas de que haya beneficiado con un “encajonamiento” al acusado son graves y hasta si se quiere indiscutibles.

Ahora que la carpeta pasó a la FGE, es de esperar que la nueva fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, haya tomado ya algunas medidas fuertes en la lucha contra la corrupción enquistada en nuestro país, en efecto, que la misma permita el esclarecimiento del caso aludido.

Para finalizar, lo que la Fiscalía de San Lorenzo debe tener presente es que tiene toda la atención de la ciudadanía. Está visto que los sanlorenzanos de bien ya no callarán ante procesos poco transparentes y desinteresados.