Ante las dudas que surgieron a partir de la presentación de un informe por parte de los concejales Eugenio Garcete (ANR) y Elvio Caballero (PLRA), en torno a algunas anomalías en la distribución de los víveres y el mal estado de algunos “platos” servidos. Inversión realizada con Recursos que forman parte del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), creado por la Ley 4758. Se impone un mayor control y firmeza de los 12 concejales, y más cuando se especula sobre cierta situación irregular en aquel proceso licitatorio. Por lo tanto los ediles, en especial colorados, no deben olvidar que su compromiso es con la ciudadanía, que son representantes de estas y no del Intendente. En tal sentido es oportuno recordar que hay algunos legisladores que se pasan más justificando ciertas inoperancias del funcionariado y hasta del propio Intendente.
Recordemos que el FONACIDE está financiado por los ingresos adicionales que el país recibe por parte de la República Federativa del Brasil, en concepto de compensación de cesión de energía no consumida de la represa hidroeléctrica de ITAIPU. Un 25% del total de esos dineros –unos 90 millones de dólares.
Si bien mayores cuestionamientos no existieron en aquellos proyectos de infraestructura –pero si en los criterios de definición de lo urgente e importante, es decir, “quien necesita más” y otros aspectos, que en otro momento seguramente nos encargaremos de abordar–. En la última sesión de la Junta Municipal, fue indignante escuchar y ver aquellos alimentos insalubres ser denunciados –es decir “tigua'a” (gorgojo) en los fideos– expuestos en un informe preliminar por los concejales aludidos, además de la supuesta carencia de víveres en cuatro escuelas municipales, uno en Lote Guazú y tres en Barcequillo.
Sin dudas, lamentable irresponsabilidad de la empresa Ladero paraguayo SA –encargada de proveer los víveres–. Igualmente los directores de instituciones educativas que no demostraron preocupación alguna en su distribución. Deberían de saber que tal violación a la normas de repartición y preparación de la comida no solo atentan contra el derecho de los alumnos de recibir un correcto almuerzo escolar. Es también obligación de los mismos denunciar.
Los padres de familia ya sea individual o a través de las organizaciones de la sociedad civil que la representan, deben de ejercer asimismo su función contralora, denunciando y reclamando este tipo de anormalidades a las autoridades municipales.
Para terminar, primero, es urgente que tal cuestión sea aclarada y corregida por quienes están encargados de su administración. En segundo lugar, sería intolerable que los concejales pasen por alto esta delicada situación. Por tanto, corresponde pues que se cumpla las normas de forma honesta y eficiente, haciendo el máximo esfuerzo posible para que se cumplan a cabalidad los loables objetivos contemplados en la ley del FONACIDE.
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